Las reformas constitucionales en Hungría han despertado la preocupación de las principales instituciones de la Unión Europea, ya que violan algunas de sus disposiciones establecidas en materia de derechos humanos y democracia. La preocupación de los Estados miembros radica en que las enmiendas realizadas amenazan el principio de independencia institucional, así como el equilibrio de poderes, los cuales constituyen elementos fundamentales en todo sistema democrático.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, le expresó al Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, su inquietud por el posible choque que se podría generar entre las reformas constitucionales de este país y las leyes europeas ya establecidas; sin embargo, Orbán se limitó a declarar que existe un total compromiso con dichas leyes, de tal manera que todas las críticas que se le han realizado no se encuentran fundamentadas en cuestiones reales.
Sin embargo, dentro de la Unión Europea ya fueron analizadas cada una de las modificaciones llevadas a cabo en la Constitución húngara, por lo que fueron confirmadas las violaciones cometidas en contra de los derechos de su población, así como su falta de compromiso con lo establecido dentro de su propia Corte Constitucional. Como ejemplo podemos mencionar la limitación de la independencia del Banco Central Húngaro, del Poder Judicial y de la agencia que controla la protección de datos. Con base en lo anterior, resulta interesante conocer las medidas que puede tomar la Unión Europea en contra del gobierno de Hungría, así como el grado de intervención que puede tener la primera en los asuntos internos de sus países miembros.
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